Maternidad congelada.

     Frozen egg

     Un artículo publicado hoy en la página electrónica del New Yorker por Rebecca Meade da cuenta de que Facebook, la compañía, ha agregado una nueva prestación laboral a su ambiente de trabajo (y Apple pronto lo hará): la congelación de ovocitos o, dicho de manera llana, óvulos “inmaduros” o huevos. Así, aquellas mujeres que quisieran posponer su embarazo podrían tener acceso al servicio, criopreservar sus células y utilizarlas años después, quizá mediante fecundación in vitro: maternidad a la carta. Por el momento, el procedimiento no es nada barato (de 10 a 15 mil dólares por la extracción de un ciclo de ovocitos y 500 dólares su conservación anual) así que solo esa clase de compañías (que además se ven a sí mismas como de vanguardia) pueden cubrir.

     Junto a Papua Nueva Guinea, Surinam y Liberia (según nos recuerda la autora), Estados Unidos es de los pocos países en no otorgar licencias de maternidad con goce de sueldo a las madres trabajadoras por ley (ya no se piense siquiera en licencias para los padres). La desventaja con que las mujeres (en el caso, claro está, de quienes sí desean tener hijos) se topan en el mercado laboral es enfrentada por no pocas de ellas mediante la posposición del embarazo a fin de consolidar su ejercicio profesional. Así, aunque la prestación laboral de esas compañías podría parecer “generosa”, su existencia bien puede apuntar al fortalecimiento de ese status quo en donde las mujeres deben competir descarnizadamente con los hombres por los puestos de trabajo ahora con la posibilidad de aplazar una posible maternidad sin el yugo del reloj biológico.

     Mientras este tipo de beneficios tecnológicos puede representar una opción invaluable para mujeres que a temprana edad enfrentan procesos de quimioterapia o padecen de menopausia prematura, queda por observar si su aplicación en medios laborales tan hostiles para la maternidad y paternidad en verdad representa un beneficio o si en cambio constituye solo una herramienta mas para impulsar esa feroz disputa por los puestos de trabajo que tantos frutos da para las utilidades de esas grandes empresas.

- Erick López Serrano.

¿Pueden las Juntas de Conciliación y Arbitraje apoyarse en información obtenida en internet a fin de mejor resolver los asuntos que conocen?

La_justicia_ahora_ya_ve_a_su_victima     La pregunta parecería broma, pero en México el estudio colateral del expediente en relación a los hechos del caso es aun visto con mucho recelo. En realidad, la posibilidad jurídica de hacerlo para las Juntas de Conciliación y Arbitraje existe desde hace décadas gracias a la obligación con que cuentan para apreciar los hechos “en conciencia y a verdad sabida”. Tristemente, la práctica judicial se ha empecinado en reducir sus horizontes para evaluar solo lo que se encuentra en el expediente. La idea de todo sistema adversarial es que las partes sean las encargadas de aportar las pruebas capaces de dilucidar aquello que se encuentra en disputa. Muchas veces, sin embargo, las exigencias de una compleja realidad socioeconómica como la nuestra hacen que ese sistema resulte ya demasiado pobre.

     Recientemente, al resolver un asunto sobre reparación de daño moral1, la Primera Sala de la Corte trataba de analizar (entre otros varios puntos en estudio) la situación financiera de la empresa demandada, un hotel perteneciente a una cadena dedicada a atraer turistas con alto poder adquisitivo. Éste argumentaba que si su capital social inicial era de quinientos mil pesos, ello debía tomarse como parámetro respecto del estatus patrimonial de la compañía. Como en el expediente solo se encontraban los instrumentos notariales y un contrato de prestación de servicios turísticos y la contraparte no había propuesto pruebas en ese sentido, la Corte hizo lo que hoy en día haría cualquier persona que quisiera averiguar un poco sobre una empresa (o sobre lo que sea): acudió a Google. Pudo así observar la manera en que se promocionaba, el mercado al que se encuentra dirigido, parte de sus instalaciones, los servicios ofrecidos, etc. El contexto que las partes, debido a sus omisiones, no contribuyeron a generar, fue obtenido de esa manera y la empresa pudo ser valorada como lo que es: parte de una cadena de hoteles de lujo con un alto perfil económico.

     De acuerdo a la investigación de la estadounidense Allison Orr Larsen, esa clase de práctica es ya del todo común en la Corte norteamericana. Así, en un caso referente a posibles restricciones en la venta de videojuegos violentos, un ministro citó un video de YouTube a fin de respaldar su argumentación, que en parte versaba sobre lo fácil que es evadir cierto tipo de prohibiciones en el ciberespacio. De acuerdo a la autora, en el 56% de los 120 casos mas relevantes conocidos por ese Supremo Tribunal en la primera década de este siglo los ministros apoyaron sus decisiones en datos no proporcionados ni por las partes ni por amicus curiae (cada vez mas comunes en esa instancia); mostrar la preeminencia de ciertas prácticas, dimensionar la trascendencia social de algunos temas, evidenciar la irrupción de novedosos consensos nacionales o establecer un entendimiento histórico de algunos conceptos serían ejemplos de los objetivos que esas investigaciones perseguirían en juicio.

     Hay ya algunos criterios en México que respaldan este tipo de búsqueda de información, si bien suelen hacer hincapié en que se haga en sitios oficiales2. ¿Cómo obtenemos hoy en día la mayoría de los datos que se nos presentan? Por medio electrónicos. Aunque la televisión y la radio aun tienen una fuerte presencia, las plataformas digitales contenidas en internet van ganando terreno. Nuestras “verdades sabidas” son construidas hoy a partir de la red. Por ello, si en México las partes suelen ser bastante parcas en sus posturas, puede resultar viable que se busque colmar ciertas lagunas fácticas con información obtenida por ese medio.

     Esta práctica, sin embargo, no está exenta de peligros. Las búsquedas realizadas por los juzgadores pueden no ser las idóneas, ya sea por las propias limitantes de quienes navegan o incluso por las características del motor de búsqueda: google, por ejemplo, opera a partir de los propios historiales de los usuarios y ello provoca, sin que el internauta lo advierta, que se privilegien resultados de búsqueda afines a sus ideas o posturas, lo que podría generar que solo reafirmara sus prejuicios o puntos de vista. A ello debe sumarse que las partes se verían impedidas para controvertir o poner en duda el alcance de la información recabada de ese modo por el juzgador, lo que representaría una dosis importante de discrecionalidad.

     El siguiente criterio jurisprudencial, por la generalidad con que se encuentra redactado, es un ejemplo de un mal acercamiento al modo en que internet puede impactar el ejercicio jurisdiccional:

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.

     La ligereza y falta de matices de que hace gala la tesis anterior contribuye poco a una discusión mas rigurosa del tema. Volviendo al ejemplo norteamericano, mientras algunos expertos se pronunciar por vedar este tipo de prácticas a los juzgadores, otros proponen ampliarlas siempre que sea necesario aunque tratando de asegurar el involucramiento de las partes en cuanto a la “nueva” información obtenida de la red que se considere indispensable para mejor resolver una disputa. En el caso de la justicia laboral, el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra dentro de esta última tendencia y constituiría la posibilidad legal para las Juntas de allegarse de datos relevantes encontrados en internet “con citación de las partes” a fin de asegurar que éstas puedan debatir, reforzar o socavar la información que el juzgador considera trascendente y que encontró de oficio en el ciberespacio.

- Erick López Serrano.

1Amparos directos 30/2013 y 31/2013.

2Véase en este sentido la jurisprudencia con el siguiente rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.

Facebook y la vida laboral.

Gilberto Sanchez

Un día le duró el gusto a Gilberto Sánchez. Apenas designado como director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el nombramiento le fue revocado en 24 horas tras conocerse su afición por postear en facebook fotografías de mujeres en poses “sensuales” aderezadas con comentarios misóginos tendientes a perpetuar esa imagen de la mujer como mero receptáculo de los deseos masculinos (aquí, la nota de El Universal). Este caso  no presenta demasiadas dificultades: es inadmisible que el encargado de la educación básica en un estado posea semejante modo de concebir a las mujeres. Mas interesante resulta saber cómo un espacio como facebook (más cercano a la esfera de lo privado que a la de lo público -en general-) puede incidir en la vida laboral de las personas. Claramente, un falócrata como el destituido no puede esperar que su conducta carezca de consecuencias si quiere dedicarse a la educación pública. ¿Qué pasaría, sin embargo, con las opiniones políticas expresadas en ese medio? ¿Merecerían una sanción semejante? Parece claro que no. ¿Y con una persona que, simplemente, tiene un pésimo gusto? Comprensiblemente podría generar rechazo o hasta repulsión, pero ¿hasta dónde puede eso afectar su condición de empleado? El espectro es amplio y así como hay actividades online carentes de atenuantes hay otras que pueden resultar incómodas para quien las observa pero no por ello justificar un despido o un obstáculo en la vida profesional de las personas. ¿Tiene el derecho el patrón a decidir sobre la permanencia de un trabajador debido a su actividad en las redes sociales? Lo único cierto parece ser que no puede aspirarse a contar con respuestas unívocas y soluciones de antemano frente a estos casos.

El caso Yssel Reyes o cómo la Corte obstaculiza el goce de los derechos.

Artículo publicado en el blog de la revista Nexos dedicado al análisis de las actuaciones de nuestra Suprema Corte:

Canta Dante en su Divina Comedia que a la entrada del Infierno un letrero prologa el pesar eterno: “abandonad toda esperanza”; anuncio del peor castigo, ese que consiste en saberse sin salidas. Tras cinco años de litigio en la Junta de Conciliación y Arbitraje y casi dos de espera entre la interposición del juicio de amparo y la decisión de la Corte, Yssel Reyes (cuyos antecedentes del caso pueden leerse aquí y aquí) se ha topado con lo que todos aquellos que estemos en su caso –es decir, que nuestro patrón viole alguno de nuestros derechos humanos como el de la no discriminación, el respeto a nuestros datos personales, la integridad psicológica, el acoso laboral, etc.- podemos padecer: la imposibilidad de hacer efectivos nuestros derechos establecidos en nuestra Constitución. Seguir leyendo…  -

 

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3717 o cómo la Corte obsta

Subcontratando inteligencias.

¿Qué mensaje envía un país que hace de la subcontratación oficial el régimen con el cual ha de tratar a quienes se supone son investigadores y profesores de avanzada? En esta nota, Manuel GIl Antón, profesor del Colegio de México, describe la confusa e ilegal estrategia del CONACYT: hacerse “cargo” de 500 jóvenes investigadores que en realidad han de prestar sus servicios de tiempo completo en las universidades en que sean adscritos. Así, no engrosan la planta académica de su centro de trabajo y se evita gocen de las prestaciones que sí pueden tener sus pares. Cierto es que muchos contratos colectivos universitarios resultan hasta obscenos en relación con la escasa calidad de los estudios que reciben los alumnos, mas ello no justifica la opción generada por nuestra principal dependencia de ciencia y tecnología: evadir la ley, menoscabar derechos laborales y discriminar entre trabajadores que hacen el mismo trabajo. Ese no puede ser el camino para remediar el desaseo y dificultades económicas que imperan en nuestras instituciones de educación superior. Lo fácil, parecemos no entenderlo, siempre termina por salir mas caro.

¿El teléfono celular es una prestación que forma parte del salario?

Celular

¿El teléfono celular es una prestación remuneradora? De acuerdo a esta nota del abogado argentino Mariano F. Oramendia, un Tribunal de su país avaló la consideración del juzgador de primera instancia y por ello estimó que un teléfono móvil proporcionado a un trabajador (junto con un automóvil) constituye una ventaja patrimonial para el empleado y por ello debe considerarse como parte de sus ingresos. En el juicio alegaba el trabajador que tanto el celular como el vehículo que la empresa le suministró eran utilizados también en forma personal. Bajo esa tesitura es que el juzgador consideró que el uso de esos bienes en forma no exclusiva para la ejecución de las labores le brindaba una serie de ventajas que impactaban positivamente en su bolsillo, pues el gasto que no hacía en ambos casos podía destinarlos a satisfacer otras necesidades. En nuestro país, un antecedente jurisprudencial de 1998 (que abajo se transcribe) estima que el automóvil otorgado como prestación no forma parte del salario en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Como tantos otros, este será un tema sujeto a debate en la medida en que cada vez es mas común que se den teléfonos inteligentes a los empleados sin que se tomen las medidas preventivas pertinentes al momento de la contratación o de transferir el uso del aparato y/o la línea.

SALARIO, NO FORMAN PARTE DEL, VIÁTICOS, GASTOS Y AUTOMÓVIL.Es cierto que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 84, dispone que dentro del salario quedan comprendidos no sólo los pagos hechos por cuotas, sino también las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que sea entregada al trabajador a cambio de su trabajo; empero, para que una prestación pueda considerarse parte integrante del salario, es indispensable, que se entregue a cambio del trabajo, lo que no ocurre con el automóvil, viáticos y gastos de representación, pues lo que al empleado se le entregaba por los conceptos anotados, se le proporcionaba sólo para que, con mayor eficacia, pudiera desempeñar sus labores fuera de su oficina o inclusive de su residencia habitual, no como una contraprestación del servicio desempeñado, sino fundamentalmente, para resarcirlo de los gastos extraordinarios que tuvo que hacer por verse en la necesidad imperiosa de realizar labores fuera del local de la empresa.

 

 

 

 

 

Notas sobre el teletrabajo.

                                       Teletrabajo

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística de Madrid retomados en esta nota, en la capital de España casi 200 mil madrileños trabajan en su propia casa, lo que representaría el 7.9% de la población ocupada laboralmente. Dos fenómenos parecerían apuntalar esta situación: por un lado, las tecnologías de la información, cada vez más accesibles y eficaces; por el otro, las dificultades económicas que empresas y profesionistas enfrentan por igual, lo que ocasiona que el trabajo a distancia reduzca los costos para ambos (de transportación, equipamiento, etc.) Aunque no exento de contratiempos (la sociabilización que proporciona el acudir a la fuente de trabajo, por ejemplo), el teletrabajo constituye cada vez más una opción viable y pródiga en ventajas.

En nuestro país no se cuenta con cifras confiables en torno al teletrabajo y aunque el fenómeno es un hecho, nuestra normatividad es, por decir lo menos, deficiente. La reforma a la ley laboral de noviembre de 2012 introdujo apenas dos líneas para abordar esta figura: “será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación” (artículo 311). Ninguna otra hipótesis del capítulo titulado “trabajo a domicilio” fue modificado o adecuado, así que esas líneas constituyen toda nuestra actualización legal en el tema. ¿Cómo se regula el horario, los accesos, la privacidad, las labores? ¿Qué responsabilidades extras surgen para empleador y empleado? ¿Qué ocurre con los accidentes de trabajo? Misterio. La realidad irá avanzando sin aguardar a las normas, y por ello en este tema, como en tantos otros, abogados y juzgadores tendremos que ir colmando las amplísimas lagunas que la reforma nos legó.

 

El Código 2.0

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Lawrence Lessig, profesor de Harvard, ha escrito uno de los libros que mejor pueden fungir como punto de entrada para nosotros los abogados al ciberespacio: El Código. ¿Puede el ciberespacio ser regulado? De hecho lo es, pero no del poco flexible modo en que solemos conceptualizar la regulación los operadores jurídicos. La versión 2.0, publicada en 2006, fue emitida bajo una licencia Creative Commons, por lo cual se puede distribuir públicamente la obra siempre reconociendo a su autor. Esta versión en español está a cargo del colectivo “Traficantes de Sueños” encabezado en esta ocasión por Florencio Cabello. Imprescindible lectura.

La Suprema Corte, los salarios caídos y la justicia laboral.

Artículo publicado en el blog “El Juego de la Corte” en el sitio web de la revista Nexos:

Mediante un acuerdo general reciente (el 2/2014)[1], el pleno de la Suprema Corte decidió suspender la resolución de todos los juicios de amparo pendientes de sentencia en Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados promovidos en contra de ciertos artículos contenidos en la reforma a la Ley Federal del Trabajo vigente desde diciembre de 2012, hasta en tanto la propia Corte establezca los criterios que se deben seguir al respecto. Lo cual sucederá cuando resuelva los 53 amparos en revisión que al 23 de enero se encuentran ya en dicha sede, y donde uno de los tópicos clave a resolver dentro de todos ellos es el relativo a los salarios caídos. Seguir leyendo…

La informalidad desde el gobierno.

¿Qué pasa cuando el que impone las reglas es el primero que las rompe? En pocas palabras, desorden, caos. Si supuestamente es al Estado quien se ha confiado la función de mediar entre los intereses particulares a fin de procurar el establecimiento de normas que deberían ser observadas por todos y sancionar en su caso al infractor, cuando es el propio Estado el primero en burlar las normas el mensaje es claro: que cada quien haga lo que quiera pues al final, cada quien ha de preocuparse no por respetar la ley sino por aprovecharse de ella. El imperio de la impunidad tiene un epicentro: el Estado. 

En nuestro país, los esquemas de outsourcing o subcontratación constituyen simulaciones gracias a las cuales miles de millones de pesos nunca llegan al erario, a las instituciones de seguridad social o a los bolsillos de los trabajadores. Esa informalidad cunde no solo en la llamada economía informal, sino también, en cantidades cada vez mas preocupantes, dentro de las instituciones gubernamentales. Ya sea mediante la contratación directa de empresas suministradoras de personal o mediante artilugios como las contrataciones “por honorarios”, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios subvierten la normatividad laboral en aras de aligerar las cargas patronales del Estado. 

Ningún régimen que aspire a ser de Derecho puede serlo si sus funcionarios son los primeros damnificados  de una clase gobernante que, en lugar de optar y encarnar la responsabilidad, es el primer ejemplo de desdén por las leyes. La politóloga Ana Farías ahonda en el tema en este artículo publicado en Nexos.

-Erick López Serrano.